La Corte Suprema de Noruega rechazó la demanda de un grupo de organizaciones ambientalistas que buscaban impedir actividades de explotación petrolera en el Ártico.
Las asociaciones Nature and Youth Norway y Föreningen Greenpeace Norden cuestionaron la constitucionalidad del real decreto que otorgó diez licencias de producción petrolera en el zócalo continental de la región sur y sudeste del Mar de Barents, en virtud de la habilitación del Parlamento noruego para las actividades petroleras en dicha zona.
La Corte consideró que el artículo 112 de la Constitución, que reconoce el derecho a un ambiente sano, ordena al Parlamento establecer medidas de protección y que la judicatura puede intervenir ante su ausencia o su incumplimiento grave. Sin embargo, al haberse previsto medidas para reducir las emisiones de carbono y para proteger el zócalo continental contra daños ambientales, no se ha vulnerado la Constitución.
Por ende, por 11-4, se rechaza la demanda.
Cuatro jueces disienten, pues consideran que la decisión parlamentaria que habilitó la explotación petrolera no consideró el impacto ambiental, debiendo el Parlamento analizarlo con mayor información.
HR-2020-2472-P
Coleccionista de Sentencias 