La Suprema Corte del Reino Unido ha determinado que las comunicaciones captadas por grupos privados de lucha contra la pedofilia son prueba válida.
Un ciudadano fue procesado por tentativa de contacto sexual con un menor luego de que un grupo privado de lucha contra la pedofilia lo contactara a través de un perfil falso, pactara un encuentro y entregara la información a la policía. Alega que se trata de prueba ilícita, obtenida en violación de su derecho al respecto a la vida privada y familiar.
La Suprema Corte considera que no se afectó su derecho a la vida privada pues, por la naturaleza reprochable de las comunicaciones intercambiadas, configuraría abuso de derecho que se les otorgue protección. Asimismo, al pretender comunicarse con menores con los que no tenía relación previa, no podía tener una expectativa razonable de privacidad.
Asimismo, la Corte señala que el Estado no tiene ninguna obligación de proteger los intereses del recurrente que impidan el uso de esta prueba: por el contrario, su obligación es la de perseguir el delito.
Por tanto, la Suprema Corte rechaza el recurso por unanimidad.
[2020] UKSC 32
Coleccionista de Sentencias 