La Corte Suprema de Canadá declaró que la ley que impone cargos al precio del carbón es constitucional, pues se orienta a evitar el calentamiento global, compatible con los fines de paz, orden y buen gobierno.
El Parlamento aprobó la Ley de Precios por Contaminación de Gases de Invernadero en 2018, basándose en los compromisos del Acuerdo de París de 2015. Esta norma exigía que las provincias implementen sistemas de recargos al carbón.
La Corte consideró que el cambio climático es una amenaza real, de modo que su regulación se enmarca dentro de los deberes constitucionales de paz, orden y buen gobierno. Tratándose de un asunto de interés nacional, el gobierno federal se encuentra autorizado para imponer mínimos a los gobiernos provinciales.
La Corte aprecia que, aunque se le suele denominar «impuesto al carbón», no se trata de un concepto tributario, sino un recargo regulatorio.
Por ende, por 6-3, se ratifica la constitucionalidad de la ley.
Tres jueces discrepan, pues consideran que el Parlamento se extralimitó de sus competencias.
2021 SCC 11
Coleccionista de Sentencias 