Coleccionista de Sentencias

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que México es responsable por las irregularidades en la investigación de la muerte de una defensora de Derechos Humanos.

Una defensora de derechos humanos del Centro ProDH fue encontrada sin vida en una oficina de Ciudad de México en octubre de 2001, con impactos de bala. En julio de 2003, luego de que las investigaciones realizadas no dieran resultados, el Ministerio Público acordó no ejercer acción penal, inclinándose por la hipótesis de un suicidio. Tras actuar nuevas pruebas, se volvió a acordar el no ejercicio de acción penal en 2007 y 2010.

La Corte recuerda que es fundamental que los Estados investiguen y sancionen a los responsables en los casos de privación de la vida para no generar las condiciones para que tales agresiones se repitan. En particular, los Estados deben mitigar los riesgos que afrontan las personas defensoras de derechos humanos y las mujeres.

Por ello, la Corte señala que los Estados deben garantizar el acceso de la mujer a la justicia, asegurando su protección eficaz; un sistema de justicia acorde con las normas internacionales, que asegure la investigación de hechos de violencia; y la aplicación de mecanismos que garanticen que las investigaciones sean imparciales y no se vean influenciadas por prejuicios o estereotipos de género.

Al verificar las inconsistencias y contradicciones en la investigación, particularmente en la cadena de custodia y en la toma de declaraciones, donde no se identificó el temor de los declarantes ni la necesidad de medidas de protección, se concluye que el Estado no cumplió su deber de investigar. Asimismo, desde el primer momento se utilizaron estereotipos de géneros para sostener que la muerte de la víctima se debió a un suicidio por inestabilidad emocional, versión que fue además ventilada en medios de comunicación, afectando la honra y dignidad de la víctima.

Por ende, se declara la violación de los derechos a las garantías judiciales, integridad personal y honra y dignidad; y se ordena continuar las investigaciones, brindar tratamiento médico y psicológico a los familiares de la víctima, crear un reconocimiento en materia de derechos humanos en su nombre, implementar una campaña para reconocer la labor de defensores de derechos humanos, nombrar una calle de Misantla, Veracruz, con su nombre, fortalecer los mecanismos de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, impulsar una reforma constitucional para la autonomía de los servicios periciales y pagar indemnizaciones por US$ 405,000.00.

Caso Digna Ochoa y familiares vs. México