Coleccionista de Sentencias

La Suprema Corte de los Estados Unidos determinó que la competencia de los tribunales federales para ejecutar convenios arbitrales y derivar controversias a arbitraje si estas implican cuestiones federales no aplica para la anulación de los laudos.

Tras ser despedida, una asesora financiera de REJ Properties inició un arbitraje contra su exempleadora, en donde se laudó a favor de la empresa. Ante ello, cuestionó el laudo por fraude ante los tribunales estatales de Louisiana.

La empleadora solicitó que el caso fuese derivado a tribunales federales, los que se declararon competentes en virtud del criterio Vaden v. Discover Bank, según el cual los tribunales federales pueden analizar, pese a la existencia de un convenio arbitral, si la controversia subyacente presenta cuestiones federales y, de ser así, asumir competencia para ejecutar el convenio arbitral.

La Suprema Corte considera que el criterio Vaden aplica solo para ejecutar los convenios arbitrales y garantizar así que las controversias que cuentan con estos convenios sean resueltas en arbitraje, no así para las pretensiones de anulación de laudo.

Ello se debe, en primer lugar, a la misma redacción de la Ley Federal de Arbitraje, que únicamente regula la posibilidad de analizar la controversia para efectos de la ejecución del convenio.

En segundo lugar, la Corte señala que el laudo es una solución contractual de la controversia entre las partes, otorgándole naturaleza contractual al arbitraje. Por ende, para la Corte, los cuestionamientos al laudo deben seguir las reglas aplicables a los acuerdos de resolución de disputas, los que se rigen por la ley estatal incluso en caso de pretensiones federales.

Así, la cuestión federal ya no se encuentra en disputa una vez emitido el laudo, como sí ocurriría al momento de hacer valer el convenio arbitral, lo que explica la redacción particular de la Ley Federal de Arbitraje y la coherencia del criterio Vaden.

Además, el propósito de las reglas sobre competencia federal para la ejecución de convenios arbitrales y derivación de controversias a arbitraje se basa en que, históricamente, los tribunales estatales tendían a mostrarse reacios a ello y preferían conocer el caso de fondo directamente, renuencia que no se produce respecto de laudos ya emitidos.

Por ende, por 8-1, se anula la decisión de la Corte de Circuito y se devuelve el expediente para que sea remitido a los tribunales estatales.

Un juez disiente, pues considera que la redacción de la Ley Federal de Arbitraje permite aplicar el análisis preliminar de la controversia para determinar competencia federal a todos los casos y que establecer distinciones genera consecuencias complejas y poco prácticas.

Badgerow vs. Walters