Coleccionista de Sentencias

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que España vulneró el derecho al respeto de la vida privada de un grupo de jueces cuya información fue recopilada por la policía y filtrada a los medios tras opinar a favor del derecho del pueblo catalán a decidir sobre su independencia.

En el 2014, 33 jueces españoles suscribieron un manifiesto en el que expresaron su opinión de que el pueblo catalán tiene el derecho a decidir sobre su independencia conforme a la Constitución y al Derecho Internacional. Al mes siguiente, el periódico «La Razón» publicó un artículo titulado «La conspiración de los 33 jueces separatistas», que incluía información personal y fotografías obtenidas de la base de datos policial.

Ante su denuncia, se iniciaron investigaciones penales, las que fueron archivadas. Asimismo, se interpuso un reclamo ante la Autoridad de Protección de Datos Personales. Por su parte, una asociación civil interpuso una queja contra los jueces ante el Consejo de la Judicatura, la cual no prosperó.

El Tribunal recuerda que el derecho al respeto de la vida privada y familiar tiene como propósito evitar injerencias de la policía sobre la vida, residencia o correspondencia de las personas y, en general, importa la obligación de proteger al individuo de interferencias arbitrarias de su privacidad por las autoridades.

Siendo así, la sola existencia de los reportes policiales sobre los jueces vulnera este derecho, pues no existe norma que autorice su recopilación si no se conecta con una investigación penal.

De igual manera, al ser claro que el origen de la información filtrada a la prensa es la base de datos policial, dicha filtración acarrea responsabilidad internacional, particularmente por la falta de investigación sobre dicho aspecto.

De otro lado, el Tribunal considera que las acciones adoptadas contra los jueces no generaron un efecto paralizante contra su libertad de expresión ni culminaron en sanción alguna, de modo que no se configuran otras vulneraciones.

Por ende, se declara la vulneración del derecho al respeto de la vida privada y se ordena pagar una indemnización de 4,200.00 € a cada juez.

Caso M.D. y otros vs. España