La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos declaró que Benin vulneró la presunción de inocencia y el derecho a la nacionalidad al prohibir la emisión de documentos oficiales para personas buscadas por las autoridades.
El 22 de julio de 2019, el Ministerio de Justicia y Legislación y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Benin emitieron la Orden Interministerial 023/MJL/DC/SGM/DACPG/SA 023SGGG19, que prohíbe la emisión de documentos oficiales (partidas de nacimiento, documentos de identidad, pasaportes, salvoconductos, permisos de residencia, tarjetas consulares, certificados de antecedentes penales, certificados de residencia, rentas y posesiones, licencias de conducir, identificaciones electorales y documentos tributarios) para las personas buscadas por las autoridades judiciales, sea como testigos o imputados.
El peticionario cuestionó esta orden ante la Corte Constitucional, la que desestimó su demanda.
La Corte observa que el artículo 7 de la Carta Africana consagra el derecho a la presunción de inocencia, que aplica no solo a proceso penales, sino también a autoridades judiciales y administrativas.
La Corte considera que la negativa a emitir documentos oficiales constituye una medida de compulsión para presentarse ante las autoridades judiciales. Por tanto, se trata de una invasión de funciones que ejercen dos Ministerios (parte del Ejecutivo) sobre actividades judiciales, pues son los jueces quienes deben definir las medidas compulsivas apropiadas según las características de cada caso.
La Corte señala que la negativa de emitir documentos sin sustento en una resolución judicial sugiere que las personas buscadas por las autoridades judiciales son culpables de algún delito, particularmente porque la relación de tales personas es pública en la web del Ministerio de Justicia y Legislación.
La Corte agrega que la negativa arbitraria a emitir documentos que acrediten la nacionalidad configura una vulneración del derecho a la nacionalidad, no siendo necesario que se revoque dicho estatus para ello.
Por ende, la Corte declara que el Estado beninés vulneró los derechos a la presunción de inocencia y a la nacionalidad y ordena tomar las medidas para revocar la orden interministerial cuestionada en el plazo de seis meses.
Caso Conaïde Togla Latondji Akouedenoudje vs. Benin
CADHP: Benin vulneró derechos al prohibir emisión de documentos oficiales para personas buscadas por autoridades
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Coleccionista de Sentencias 