La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Argentina vulneró los derechos de un juez por la demora excesiva en el trámite de un amparo sobre sus remuneraciones.
Un juez laboral de la provincia de Corrientes interpuso una acción de amparo en febrero de 1990 por la afectación de la intangibilidad de su remuneración a consecuencia de la hiperinflación. En agosto de 1992, se resolvió a su favor y en 1997 se desestimó el recurso extraordinario federal interpuesto por la provincia. Al intentar pasar a ejecución, los tribunales nacionales indicaron que la sentencia era meramente declarativa y no contenía condena de pago alguna. Impugnada dicha decisión, en agosto de 2003, la Corte Suprema la anuló y ordenó emitir nueva resolución. En junio de 2004, se emitió nueva sentencia, ordenando el pago de lo debido, lo cual se efectivizó en marzo de 2011.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos recuerda que las garantías judiciales incluyen el que la solución de la controversia se produzca en un tiempo razonable y que la demora prolongada puede constituir por sí misma una vulneración. Para examinar si se cumple con la garantía del plazo razonable, es necesario examinar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales, y la afectación generada en la situación jurídica de la presunta víctima.
La Corte observa que, si bien el caso presentó dificultades operativas por el nombramiento de conjueces, no se justifica una demora de veintiún años, tanto más si se verifican periodos no justificados de inactividad y falta de atención a solicitudes de impulso procesal del demandante, lo cual redundó en una lesión patrimonial.
De esta manera, la Corte constató que el juez demandante no fue atendido dentro de un plazo razonable y que, pese a que la Constitución Nacional argentina dispone que el amparo es una acción expedita y rápida, el tiempo transcurrido y los obstáculos de ejecución demuestran que no fue un recurso sencillo ni rápido.
De otro lado, la Corte considera que la vulneración del derecho a la propiedad fue reparada pues se efectivizó el pago de la suma adeudada, actualizada y con intereses.
Por ende, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que Argentina vulneró los derechos a las garantías judiciales, en lo referente al plazo razonable, y a la protección judicial; y, en consecuencia, ordena pagar una indemnización de US$ 10,000 y reembolsar gastos por US$ 2,000.
Caso Boleso vs. Argentina
Coleccionista de Sentencias 