La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Bolivia vulneró los derechos de un diputado que fue objeto de desaparición forzada durante el gobierno militar.
En 1980, un diputado del Partido Obrero Revolucionario se encontraba en la sede de la Central Obrera Boliviana cuando las fuerzas militares ocuparon el edificio en el marco del golpe de estado perpetrado por Luis García Meza Tejada. Desde entonces, se desconoce su paradero. Si bien el Estado indicó que ha muerto, no se han identificado sus restos.
Tras el restablecimiento democrático, se iniciaron investigaciones en 1982. Finalmente, en 2010, los tribunales bolivianos condenaron a los responsables por los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, encubrimiento y asesinato. Si bien las fuerzas armadas proporcionaron información a la judicatura, esta fue tratada como secreta, restringiendo su uso en el proceso penal y negándole acceso a los familiares del desaparecido.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos verifica que se produjo una desaparición forzada dado que agentes estatales y paramilitares privaron al diputado de su libertad en el contexto del golpe de estado, sin haberse proporcionado información certera sobre su paradero o la ubicación de sus restos a la fecha.
La Corte observa que el Estado no actuó con la debida diligencia en el proceso penal, dando lugar a una demora excesiva e injustificada para investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Además, no se aplicó el tipo penal de desaparición forzada y no se han llevado a cabo los esfuerzos necesarios para localizar al desaparecido o identificar sus restos morales.
Además, la Corte advierte que el Estado impidió a los familiares del desaparecido acceder a información relevante para el esclarecimiento de su desaparición forzada, dificultando su búsqueda, prolongando su sufrimiento y afectando su derecho a conocer la verdad.
Finalmente, la Corte señala que los familiares directos del diputado ¿han sido sometidas a un gran sufrimiento por su desaparición debido al vínculo emocional que los unía a él, llegando a sufrir secuelas físicas y emocionales y a ser objeto de hostigamiento por las autoridades.
Por ende, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que Bolivia vulneró los derechos a la vida, integridad, libertad, garantías judiciales, acceso a la información y a conocer la verdad.
En consecuencia, la Corte ordena continuar las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la desaparición del diputado y su paradero, brindar tratamiento médico y psicológico a las hermanas del desaparecido, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, fortalecer el marco normativo de acceso a la información en casos de violaciones de derechos humanos, levantar la reserva de información vinculada con la desaparición del diputado, pagar indemnizaciones que suman US$ 415,000 y reembolsar gastos por US$ 56,550.
Caso Flores Bedregal y otras vs. Bolivia
Coleccionista de Sentencias 