La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Bolivia vulneró los derechos de una adolescente víctima de violencia sexual al someterla a revictimización y negativa de justicia en el proceso penal contra su agresor.
Entre octubre de 2001 y mayo de 2002, una adolescente boliviana, de 16 años en aquel momento, sufrió violencia sexual por parte de su primo, diez años mayor que ella. Pese a que los hechos fueron denunciados en julio, el agresor huyó a Colombia y, en septiembre de 2022, se dispuso el archivo del caso por prescripción.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que, tratándose de un caso de violencia sexual contra una menor, el caso debe ser abordado tomando en cuenta el deber de diligencia reforzada y la protección especial de niños y niñas.
La Corte observa que la víctima fue sometida a un examen ginecológico forense innecesario seis años después de los hechos, a pesar de que ya se contaba con un examen anterior. Además, fue obligada a relatar en distintas ocasiones los hechos relacionados con la violencia sexual que sufrió, pese a que los Estados deben adoptar medidas para evitar la repetición de entrevistas a fin de que las víctimas no vuelvan a experimentar situaciones traumáticas.
Por todo ello, la Corte concluyó que el Estado no tomó las medidas necesarias para evitar la revictimización de la adolescente ni condujo el proceso penal conforme a la debida diligencia reforzada.
La Corte observa que hubo una demora excesiva en la tramitación del proceso penal producto de periodos de inacción prolongados no justificados por el Estado, de modo que se vulneró el derecho al plazo razonable.
La Corte agrega que algunos operadores de justicia utilizaron estereotipos de género en contra la víctima para cuestionar que se haya producido violencia sexual. Ello, aunado a la revictimización a la que se sometió a la adolescente y a la falta de atención integral, aumentó el trauma sufrido e impidió su recuperación. Por ello, la Corte determina que la forma en la que fue conducida la investigación fue discriminatoria.
La Corte desarrolla cómo las normas penales que castigan las violencia sexual deben emplear la figura del consentimiento como su eje central, de modo que, para configurarse el delito, baste con acreditar que la víctima no consintió con el acto sexual, al margen del uso de amenaza, fuerza o violencia física. Además, solo puede entenderse que hay consentimiento cuando este sea expresado libre, voluntaria y previamente, no pudiendo ser inferido.
Al respecto, la Corte observa que la ley penal boliviana no se basa en el consentimiento y que contempla de manera muy restringida los casos en los que se afecta la capacidad de consentimiento de la víctima. La Corte concluyo que ello ocasionó una denegación de justicia a la adolescente.
Por ende, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que Bolivia vulneró los derechos a la integridad personal, igualdad, vida privada y familiar, garantías judiciales y derechos de la niñez.
En consecuencia ordena mantener abierto el proceso penal contra el agresor, determinar las responsabilidades contra los funcionarios involucrados en la revictimización y posibles irregularidades en el proceso penal, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, adecuar el ordenamiento penal interno para que la falta de consentimiento sea el elemento central del delito de violación, adecuar protocolos de investigación para casos de violencia sexual contra menores, capacitar a los funcionarios de la administración de justicia y medicina forense sobre trato adecuado a menores víctimas de violencia sexual, implementar una campaña de concientización y sensibilización para superar esquemas que normalizan el incesto, incorporar en los materiales escolares herramientas para la prevención y denuncia de hechos de violencia sexual e implementar una base de datos centralizada de casos de violencia sexual contra menores.
Caso Angulo Losada vs. Bolivia
Coleccionista de Sentencias 