La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Colombia es responsable por la desaparición forzada de un militar.
Un militar que se desempeñaba como soldado adscrito a la Escuela de Artillería de Bogotá participó en un despliegue en la zona rural de Vereda de San Luis de Toledo. Por la noche, se escuchó por la noche una explosión de granada y tres disparos y, desde entonces, se desconoce su paradero.
Se iniciaron tres procesos al respecto. En primer lugar, se llevó a cabo un proceso penal militar, en donde se investigó al militar desaparecido por tentativa de homicidio contra dos compañeros militares, lo que culminó con sentencia absolutoria por inconsistencias en la incriminación. En segundo lugar, se realizó un procedimiento de queja por la desaparición y presunta muerte del militar, el que fue archivado por falta de pruebas. En tercer lugar, los padres del desaparecido denunciaron la desaparición de su hijo, proceso que continúa en trámite. Los familiares manifestaron recibir hostigamiento y amenazas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos recuerda que la desaparición forzada está constituida por la privación de libertad, la intervención de agentes estatales o su aquiescencia y la negativa de reconocer la detención y revelar la suerte o el paradero del desaparecido.
La Corte observa que, al momento de los hechos, el desaparecido venía ejerciendo sus funciones como soldado de un batallón del Ejército de Colombia, por lo que el Estado tenía una posición de garante. Además, agentes estatales estuvieron involucrados en su desaparición y no se ha ubicado su paradero o identificado sus restos.
La Corte aprecia que se han presentado diferentes versiones sobre los hechos, incluyendo que el desaparecido habría atentado contra sus superiores, habría desertado y se habría unido a las FARC. Ninguna de estas versiones ha sido acreditada. Además, la madre del desaparecido ha presentado siete solicitudes de información sobre el paradero de su hijo y las investigaciones vinculadas, solo una de las cuales fue respondida sin brindar información relevante.
La Corte verifica que los familiares del desaparecido han sido objeto de estigmatización, impactando sobre su honra, dignidad y vida privada. El hostigamiento llegó a tal nivel que parte de la familia tuvo que exiliarse fuera del país.
En particular, la Corte observa que madre del desaparecido se vio obligada a renunciar a su proyecto de vida para dedicarse a la búsqueda de su hijo y esclarecer los hechos que rodean su desaparición. Ello impactó sobre las hermanas menores del desaparecido, que contaban con diez y trece años al ocurrir los hechos, ya que crecieron sin la compañía de su madre.
Por ende, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que Colombia vulneró los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, verdad, garantías judiciales, honra, dignidad, protección de la familia y derechos de la niñez.
En consecuencia ordena continuar con las investigaciones y el proceso penal en curso sobre la desaparición forzada, reforzar las acciones de búsqueda, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, realizar un documental sobre la desaparición forzada del militar y el impacto que esta tuvo en su familia, pagar indemnizaciones que suman US$ 780,000 y reembolsar gastos por US$ 50,000.
Caso Tabares Toro y otros vs. Colombia
Coleccionista de Sentencias 