La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Colombia es responsable del exterminio del partido político Unión Patriótica.
La Unión Patriótica fue constituida en mayo de 1985 como parte del proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Este partido ascendió rápidamente en el escenario político, lo que ocasionó una alianza entre los sectores políticos tradicionales, grupos empresariales, la fuerza pública y grupos paramilitares para contrarrestarlo. Ello se manifestó en actos de hostigamiento y violencia sistemática contra los integrantes del partido a lo largo de más de veinte años, que incluyeron desapariciones forzadas, asesinatos, atentados, torturas, desplazamientos forzados, entre otros.
Varios de estos actos han sido objeto de investigación, habiéndose dictado más de 250 sentencias condenatorias. Sin embargo, la mayor parte de los actos de violencia no han sido investigados o se encuentran en fases iniciales, presentándose un elevado índice de impunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que en este caso se superponen formas de responsabilidad directa derivadas de la participación de agentes estatales en los hechos de violencia con formas de tolerancia, aquiescencia y colaboración con actores no estatales.
La Corte señala que la falta al deber de prevenir o investigar operó como una forma de tolerancia generalizada y estructural ante los hechos de violencia sufridos por los integrantes del partido, a tal grado que la conducta estatal propició la impunidad y permitió que los hechos de violencia se produzcan en un periodo tan prolongado, en varias zonas geográficas y con un elevado número de víctimas.
La Corte concluye que el emprendimiento sistemático contra los militantes del partido Unión Patriótica configura un crimen contra la humanidad, al orientarse al aniquilamiento de un grupo humano.
La Corte agrega que esta violencia sistemática que calificó al partido Unión Patriótica como un enemigo interno tuvo un efecto amedrentador que impidió el ejercicio de los derechos políticos, de expresión y de reunión. Ello culminó en el retiro de la personalidad jurídica al partido de manera arbitraria, impidiéndole particular en las elecciones a partir del año 2002.
Por ende, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que Colombia vulneró los derechos a la vida, integridad personal, libertad individual, honra, derechos políticos, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de circulación y protección judicial.
En consecuencia, ordena iniciar y continuar las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes, buscar a los desaparecidos, brindar tratamiento médico o psicológico a las víctimas que lo soliciten, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica y construir un monumento en su memoria, colocar placas conmemorativas en memoria de las víctimas en al menos cinco espacios públicos, elaborar y difundir un documental audiovisual sobre los hechos, sensibilizar a la sociedad respecto a la violencia y persecución sufrida por los miembros del partido, organizar foros académicos en al menos cinco universidades públicas, pagar indemnizaciones y reembolsar gastos por US$ 825,000.
Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia
Coleccionista de Sentencias 