Coleccionista de Sentencias

El Tribunal Constitucional de Rusia ha determinado que es constitucional la infracción de criticar públicamente a las Fuerzas Armadas.

Tras iniciar las «acciones militares especiales» sobre territorio ucraniano, Rusia modificó su Código de Infracciones Administrativas e incluyó la realizar acciones públicas destinadas a desacreditar el uso de las Fuerzas Armadas para proteger los intereses de Rusia y sus ciudadanos y mantener la paz y la seguridad internacionales, sancionable con multa de 30,000 a 50,000 rublos (US$ 350-600).

Veintitrés personas cuestionaron esta norma por vulnerar las libertades de pensamiento, conciencia, expresión y reunión, el derecho a la igualdad y no discriminación y la prohibición constitucional de establecer una ideología como estatal u obligatoria.

El Tribunal señala que la Constitución rusa otorga a los órganos estatales la competencia de determinar la conveniencia y necesidad de utilizar a las fuerzas armadas para defender al Estado, sus intereses y los de sus ciudadanos, así como mantener la paz y seguridad internacionales.

El Tribunal indica que la Constitución no implica ni permite que los derechos humanos y las libertadas civiles garantizados por ella se utilicen para negar el orden constitucional, bajo el cual el Estado debe ser respetado y protegido por sus ciudadanos, siendo la defensa de la Patria un deber constitucional, legal y ciudadano.

En tal sentido, el Tribunal señala que, si un ciudadano, ejercitando sus derechos y libertades, vulnera los derechos y libertades de los demás de manera peligrosa e ilegal, es susceptible de ser objeto de responsabilidad administrativa o penal. Al respecto, es relevante la manera en la que se difunde la expresión.

El Tribunal agrega que las decisiones y medidas adoptados por los órganos estatales no pueden ser cuestionadas arbitrariamente basándose en valoraciones y percepciones subjetivas en cuanto a su orientación a la protección de los intereses de Rusia y sus ciudadanos.

El Tribunal justifica ello en que, dado su carácter acumulativo, los discursos y declaraciones públicas que contienen una evaluación negativa de las actividades militares pueden tener un impacto negativo sobre la determinación y eficacia de las Fuerzas Armadas y, así, favorecer a los intereses contrarios.

El Tribunal observa que esta infracción no introduce una ideología obligatoria ni discrimina a las personas por sus convicciones, ya que la posibilidad de expresar opiniones sobre las actividades militares subsiste, siempre que ello no implique negar sus objetivos constitucionalmente determinados y se base en información abierta y fidedigna.

Por ende, el Tribunal concluye que esta infracción persigue el fin legítimo de mantener el orden público y constitucional y desestima la denuncia de inconstitucionalidad.

Decisión 688924