La Corte Internacional de Justicia declaró que Rusia cometió tres vulneraciones concretas a sus obligaciones internacionales sobre represión del financiamiento al terrorismo, lucha contra el racismo y respeto de las decisiones de la justicia internacional.
En enero de 2017, Ucrania inició un proceso contra Rusia por diversas acciones en el marco de la anexión de Crimea. Ucrania alega que Rusia proporcionó fondos a diversos grupos e individuos para realizar ataques en Ucrania, incluyendo el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Arilines y diversos bombardeos y tiroteos contra civiles. Ucrania alega también que Rusia discrimina a las comunidades étnicas ucranianas y tártaras en Crimea, ha suprimido la expresión política y cultural de tales comunidades y restringido el uso de sus lenguas en el sistema educativo.
Respecto de lo primero, la Corte determina que la información sobre operaciones de financiamiento al terrorismo que proporcionó Ucrania a Rusia no fue lo suficientemente clara y específica como para que esta se viera en la obligación de tomar acciones inmediatas. Sin embargo, sí debió iniciar investigaciones al respecto.
Respecto de lo segundo, la Corte determina previamente que la discriminación racial consiste de dos elementos: una distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en una categoría prohibida (raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico) y que dicho tratamiento tenga el propósito o efectivo de anular o socavar el reconocimiento, disfrute o ejercicio de derechos humanos en igualdad de condiciones. La Corte determina también que las comunidades étnicas ucranianas y tártaras son grupos protegidos por la Convención.
La Corte verifica que ambos Estados reconocen numerosos incidentes de violencia ocurridos en Crimea. Sin embargo, la Corte determina, sobre la base de información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que los actos de represión fueron efectuados por las posiciones políticas de los involucrados, no por razones de discriminación racial, más aún si entre las víctimas de violencia también se encuentran personas de origen ruso o asiático. La Corte arriba a la misma conclusión respecto de la represión a los parlamentarios del pueblo tártaro (Mejlis).
La Corte concluye también que las medidas en materia de ciudadanía y las restricciones a congregación de personas para fines culturales responden a razones justificadas de seguridad, no habiéndose demostrado que constituyan actos de discriminación racial.
Ahora bien, la Corte determina que el súbito y considerable descenso de estudiantes que reciben educación en la lengua ucraniana (80% en el 2014 y 50% al año siguiente) desde que Rusia tomó control del sistema educativo produce un efecto adverso diferenciado sobre los derechos del pueblo ucraniano.
La Corte agrega que Rusia incumplió con sus obligaciones de respetar las medidas provisionales dictadas en abril de 2017, pues mantuvo las restricciones sobre los Mejlis pese a ordenarse levantarlas y agravó la disputa con sus incursiones militares de febrero de 2022.
Por ende, la Corte concluye que Rusia vulneró sus obligaciones internacionales por no investigar las posibles operaciones de financiamiento al terrorismo comunicadas por Ucrania, por reducir significativamente el acceso a educación en lengua ucraniana y por no respetar las medidas provisionales dictadas por la propia Corte. Sin embargo, no dispone ninguna medida de reparación.
Aplicación del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Ucrania vs. Rusia)
Coleccionista de Sentencias 