La Alta Corte de San Vicente y las Granadinas rechazó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la criminalización de la homosexualidad, por considerar que esta es necesaria para mantener la moralidad y salud pública del país.
El Código Penal sanvicentino criminaliza la actividad indecente entre personas del mismo sexo con hasta cinco años de prisión y la conducta sexual consentida con hasta diez años de prisión. Dos ciudadanos sanvicentinos cuestionaron estas normas por vulnerar los derechos fundamentales a la privacidad, libertad personal, libertad de conciencia, libertad de expresión e igualdad.
La Corte considera que los demandantes, al residir ambos fuera de territorio sanvicentino, no podrían ser perseguidos por los delitos cuya constitucionalidad cuestionan, de modo que carecen de legitimidad para invocar los derechos a la libertad personal, igualdad y privacidad.
La Corte señala que los eventos de supuesta discriminación, hostigamiento y ridículo sufridos por los demandantes en sus relaciones escolares y sociales no se vinculan directamente con las normas cuestionadas y no han sido acreditadas.
La Corte considera que libertad de expresar la propia sexualidad no se ubica dentro de los parámetros de la libertad de conciencia, aunque reconoce que podría impactar sobre la libertad de expresión. Al respecto, sin embargo, la Corte concluye que las normas penales cuestionadas son justificadas por razones de salud pública, ya que el riesgo de transmisión de VIH es mayor entre los hombres homosexuales; y por razones de moralidad pública, que debe ser definida por el Estado.
Por ende, la Alta Corte rechaza íntegramente las demandas.
SVGHCV2019/0110
Coleccionista de Sentencias 