La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Brasil vulneró los derechos de doce personas que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el marco de la «Operación Castelinho», tras ser instigadas a participar del robo de un avión inexistente.
En marzo de 2002, tres personas condenadas a prisión fueron temporalmente autorizadas a salir en libertad para colaborar con autoridades policiales del Grupo de Represión y Análisis de los Delitos de Intolerancia (GRADI). En dicho marco, informaron a doce personas que un avión que transportaría valores por 28 millones de reales aterrizaría en el aeropuerto de Sorocaba y empezaron a planificar un asalto, proporcionando armas. Al acudir al lugar del asalto en un vehículo, este fue rodeado por policías, quienes dispararon durante diez minutos contra este.
La Corte Interamericana verifica que el avión de transporte de valores fue una ficción creada por la policía para incitar la planificación del robo y poder así ejecutar a las personas involucradas. Estas operaciones no contaron con autorización judicial ni supervisión fiscal. La Corte observa además que los disparos fueron unilaterales y que solo tres de las doce personas involucradas con la planificación del robo se encontraban desarmadas.
La Corte observa que las investigaciones posteriores a los hechos fueron realizadas por la Policía Militar, organismo al que pertenecían las personas responsables de la ejecución extrajudicial, careciendo por tanto de independencia e imparcialidad para la realización de diligencias probatorias. La Corte aprecia que no se tomaron medidas para preservar la escena del crimen ni se realizaron diligencias probatorias mínimas para esclarecer los hechos.
Por ende, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que Brasil vulneró los derechos a la vida, la integridad personal, la verdad, las garantías judiciales y la protección judicial.
En consecuencia, ordena crear un Grupo de Trabajo para esclarecer las actuaciones del GRADI en São Paulo; brindar tratamiento médico y psicológico a los familiares; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; implementar dispositivos de geolocalización y registro de movimientos de policías y vehículos policiales en São Paulo; garantizar el registro de operaciones policiales que resulten en muertes o lesiones graves de civiles; crear un marco normativo para la separación provisional de los agentes policiales involucrados en muerte; crear un mecanismo que permita la reapertura de investigaciones y procesos judiciales cuando la Corte Interamericana determine la responsabilidad internacional del Estado; suprimir la competencia de la Policía Militar para investigar delitos presuntamente cometidos contra civiles; garantizar que el Ministerio Público del Estado de São Paulo cuente con los recursos necesarios para investigar las muertes de civiles cometidos por policías; y pagar indemnizaciones que suman US$ 1’120,000.00.
Caso Honorato y otros vs. Brasil
Coleccionista de Sentencias 