La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Honduras vulneró los derechos de cuatro magistrados de la Corte Suprema que fueron destituidos arbitrariamente.
Cuatro magistrados fueron elegidos para la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para el periodo 2009-2016. En diciembre de 2022, tras emitir tres sentencias de inconstitucionalidad públicamente criticadas por el entonces presidente, el Congreso inició una investigación en su contra, que culminó con su destitución dos días después. La votación se realizó mientras el edificio del Congreso se encontraba rodeado por las fuerzas militares y policiales, sin haberse notificado a los magistrados involucrados. Sus impugnaciones judiciales fueron desestimadas. Tras ello, sufrieron seguimientos y hostigamientos y se les asignó protección policial temporal por cortos periodos.
El Estado aceptó la mayoría de los hechos y reconoció su responsabilidad internacional.
La Corte Interamericana reitera que la independencia judicial es un pilar básico del debido proceso, que se afecta cuando la permanencia en el cargo de un juez se interrumpe arbitrariamente.
Conforme a su jurisprudencia, la Corte recuerda que una de las garantías de la independencia judicial es la estabilidad e inamovilidad en el cargo. Esta acarrea que la separación debe obedecer exclusivamente a causales permitidas, vía un proceso con garantías o por vencimiento del período del mandato; que la destitución solo puede deberse a faltas de disciplina graves o incompetencia; y que todo proceso seguido contra jueces debe resolverse según normas de comportamiento judicial establecidas y mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales.
La Corte enfatiza que la destitución no debe fundamentarse en el contenido de las decisiones judiciales emitidas, pues la independencia judicial impide deducir responsabilidad por los votos y opiniones en el ejercicio de la función jurisdiccional, con la excepción de infracciones intencionales al ordenamiento jurídico o comprobada incompetencia.
La Corte concluye que la destitución de los magistrados vulneró los derechos a las garantías judiciales, pues fue efectuada por una autoridad que carecía de competencias para ello conforme a las normas vigentes en aquel momento, sin un procedimiento establecido, sin fundamental legal y sin respetar el derecho de defensa de los involucrados.
Ello, además, vulneró sus derechos a la estabilidad laboral y al acceso en igualdad de condiciones a los cargos públicos, que implica el mantenerse en el cargo hasta el término del mandato.
De otro lado, la Corte recuerda que la omisión del deber de investigar puede derivar en el incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal. La Corte considera que la falta de investigación de los actos de amenaza y hostigamiento que sufrieron los magistrados destituidos impidió determinar su origen de las amenazas y juzgar y sancionar a los responsables.
Por ende, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que Honduras vulneró los derechos a las garantías judiciales, independencia judicial, derechos políticos, estabilidad laboral e integridad personal.
En consecuencia, ordena realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, publicar el resumen oficial de la sentencia en el diario oficial, adecuar su ordenamiento jurídico interno a los estándares sobre estabilidad en cargos judiciales y pagar indemnizaciones que suman US$ 1’700,000.00 y reembolso de gastos por US$ 70,000.00.
Caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras
Coleccionista de Sentencias 