El Tribunal Constitucional determinó que la exigencia de cumplir los pactos de requisitos especiales (cartas fianza, cauciones, etc.) para interponer recurso de anulación de laudo no vulnera el derecho de acceso a la justicia.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones interpuso recurso de anulación de laudo, el que fue declarado improcedente por la Primera Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima por no haber cumplido con el requisito pactado contractualmente de otorgar fianza bancaria para la interposición de dicho recurso. Alega que tal exigencia impide su derecho de acceso a la justicia.
El Tribunal Constitucional observa que la Ley de Arbitraje establece, en su artículo 64, numeral 2, que el recurso de anulación debe contener cualquier requisito que haya sido pactado por las partes para garantizar el cumplimiento del laudo y que los contratos son obligatorios para las partes en virtud del artículo 1361 del Código Civil.
El Tribunal verifica que el contrato de concesión respecto del cual surgió la controversia resuelta en el laudo incluye la disposición de que, si alguna de las partes decide interponer recurso de anulación debe constituir una fianza bancaria o carta de crédito a favor del Tribunal Arbitral por la suma de US$ 200,000 en tanto se resuelva el recurso, suma que será entregada a la otra parte si el recurso fuese desestimado.
Por tanto, el Tribunal concluye que el recurso fue correctamente rechazado, ya que no se cumplió con el requisito fijado contractualmente, lo cual fue motivado por la Sala Comercial.
El Tribunal agrega que no detecta que se hayan lesionado los principios de la función jurisdiccional, los principios de razonabilidad y proporcional o algún derecho fundamental.
Por ende, el Tribunal Constitucional declara infundada la demanda de amparo.
Sentencia (Sala Segunda) 484/2024 – Exp. 02700-2023-PA/TC
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