El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que Italia vulneró el derecho a la vida de los pobladores de Terra dei Fuochi al no prevenir ni mitigar los daños ambientales derivados del vertido de residuos tóxicos.
Terra dei Fuochi es una zona en Campania, al sur de Italia, con una población de casi 3 millones de habitantes. Esta zona es utilizada desde 1988 como vertedero ilegal de residuos tóxicos, habitualmente por el crimen organizado. Investigaciones de comisiones parlamentarias detectaron un gran incremento de cáncer en la zona, así como una ausencia de medidas disuasivas y de mitigación de daños ambientales.
El Tribunal Europeo recuerda que el derecho a la vida no se limita a proscribir las muertes resultantes de la actuación de agentes estatales, sino que también impone una obligación positiva sobre los Estados de proteger la vida de las personas bajo su jurisdicción. En este caso, el Tribunal verifica que concurre un riesgo serio, genuino, determinable e inminente a la vida de las personas.
El Tribunal señaló que, por el largo tiempo que el Estado italiano ha conocido de las condiciones ambientales, no puede alegar la indeterminación de daños concretos sobre un solicitante determinado para eludir su deber de protección.
El Tribunal determina que no se ha adoptado una respuesta sistemática, coordenada e integral por parte de las autoridades, lo que genera un progreso excesivamente lento. Las acciones de investigación de la salud de la población son recientes e insuficientes y solo se ha identificado siete condenas, demostrando pasividad por parte del sistema de justicia penal.
El Tribunal advierte también la ausencia de una estrategia de comunicación que informe a la población sobre los riesgos sanitarios y las acciones de protección, encontrándose con secretismo por parte de las autoridades.
Por ende, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara la vulneración del derecho a la vida.
En vista de la persistencia del problema y las deficiencias sistémicas en la respuesta del Estado, así como la afectación colectiva y la urgente necesidad de reparación, el Tribunal aplica el sistema de sentencia piloto y ordena al Estado italiano elaborar una estrategia integral que reuna las medidas actuales y previstas para abordar el problema de Terra dei Fuochi. Asimismo, ordena implementar un mecanismo independiente de monitoreo y supervisión, que incluya miembros sin afiliación estatal, y el establecimiento de una plataforma pública de información.
Caso Cannavacciuolo y otros vs. Italia

