El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que Rusia vulneró los derechos a la vida, libertad religiosa, prohibición de discriminación, prohibición de trato inhumano, entre otros, por diversas acciones administrativas y militares orientadas a eliminar el Estado ucraniano.

Desde el 2014, Ucrania ha denunciado que Rusia viene realizando prácticas administrativas que constituyen patrones de vulneración de derechos humanos, tanto por acción directa como por tolerancia e impunidad de actos de particulares.

Al respecto, el Tribunal observa que, desde el 2014 hasta el 2022, Rusia ejerció control sobre áreas separatistas del este de Ucrania y, desde la invasión del 2022, ha ampliado su ámbito de control sobre territorio ucraniano.

Sobre la base de información proporcionada por las Naciones Unidas y agencias europeas de cooperación, el Tribunal determinó que Rusia ha realizado diversos actos de vulneración de derechos humanos.

El Tribunal observa que, pese a afirmar lo contrario, existe evidencia abundante de que Rusia ha efectuado ataques militares contra objetivos civiles, empleando explosivos, municiones en racimo y misiles sin guía en zonas pobladas y contra hospitales y refugios claramente identificados. Ello, además de vulnerar el derecho a la vida y a la propiedad, ha generado miedo y terror en la población civil, lo que atenta contra la prohibición de trato inhumano.

El Tribunal aprecia además que Rusia realizó ejecuciones extrajudiciales, trabajos forzados y actos de tortura y trato inhumano, incluyendo mutilación, electroshock y violencia sexual, contra civiles y militares capturados o incapacitados para combatir, en vulneración del Derecho Internacional Humanitario y del derecho a la vida y la prohibición de tortura.

El Tribunal verifica que Rusia ocasionó el desplazamiento de millones de ciudadanos ucranianos, así como su detención y remoción a territorio ruso sin sustento legal, y el sometimiento a revisiones de seguridad abusivas y arbitrarias.

El Tribunal observa que, con excepción de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, los grupos religiosos fueron sujetos a persecución, intimidación y acoso, prohibiendo sus actividades, confiscando materiales religiosos e incluso destruyendo iglesias y deteniendo y matando fieles, vulnerando la libertad religiosa.

El Tribunal aprecia que los periodistas independientes fueron amenazados para reportar el conflicto conforme a la narrativa oficial y se les prohibió grabar las zonas de conflicto, llegando a detenerlos y condenarlos por espionaje y terrorismo. En muchos lugares, solo se permitió el acceso a medios rusos, vulnerando la libertad de opinión e información.

El Tribunal verificó al menos diez incidentes de uso excesivo de la fuerza para dispersar protestas pacíficas entre marzo y abril de 2022, incluyendo el uso de armas de fuego, varas de goma y bombas lacrimógenas, resultando en numerosos muertos y heridos, en vulneración de las libertades de reunión y expresión. Si bien el Derecho Internacional Humanitario permite que los ocupantes tomen medidas para mantener el orden, ello no autoriza el uso de fuerza letal contra manifestantes pacíficos.

El Tribunal observa que, desde 2014, se iniciaron robos, saqueos de la propiedad de ciudadanos ucranianos, lo que se intensificó con la invasión militar del 2022. Además, bajo la excusa de neutralizar actividades anti-rusas, se nacionalizó y expropió sin compensación o destruyó propiedad privada. Estas acciones son incompatibles con el Derecho Internacional Humanitario.

El Tribunal aprecia que, desde 2014, zonas separatistas bajo control ruso suprimieron la enseñanza de la lengua ucraniana y desarrollaron estrategias de adoctrinamiento a través de amenazas contra los educadores para mantener la narrativa oficial, incluyendo la inexistencia del Estado ucraniano, en vulneración del derecho a la educación.

El Tribunal verificó que varios niños ucranianos fueron transportados sin autorización de sus padres o tutores, donde fueron adoptados por familiar rusas. Se cuenta también con reportes de maltrato a los niños trasladados. El Tribunal concluye que se privó a estos niños de su libertad y seguridad.

De todo lo anterior, el Tribunal concluye que el objetivo de Rusia fue destruir a Ucrania como Estado soberano e imponer su influencia y control a través de la violencia y de medidas de poder que socaven la etnicidad e historia ucranianas.

De otro lado, el Tribunal determinó que la caída del vuelo MH17 el 17 de julio de 2014 fue efectuado con un misil tierra-aire disparado intencionalmente por fuerzas rusas o fuerzas separatistas ucranianas bajo control ruso. Por ende, Rusia es responsable de la vulneración del derecho a la vida y el quebrantamiento del Derecho Internacional Humanitario, particularmente por desplegar tropas en zonas donde circulan vuelos civiles y por no cooperar con las investigaciones.

Por ende, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declara que Rusia vulneró los derechos a la vida, la prohibición de tortura y trato inhumano o degradante, la prohibición de trabajos forzados, a la libertad y seguridad, al respeto de la vida privada y familiar, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y asociación, a la prohibición de discriminación, a la propiedad y a la educación.

En consecuencia, ordena a Rusia liberar a las personas detenidas en Ucrania hasta el 16 de septiembre de 2022 (fecha en la que Rusia dejó de ser Estado parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos), cooperar para instalar un mecanismo internacional que identifique a los niños ucranianos trasladados a Rusia y restablecer los vínculos con sus familias, sin perjuicio de fijar otros mecanismos de reparación en el futuro.

Caso Ucrania y los Países Bajos vs. Rusia (8019/16, 43800/14, 28525/20, 11055/22)

Estatua de león ubicado en el frontis del Palacio de Justicia de Lima, Perú.