La Corte Suprema del Reino Unido determinó que los menores de edad que sufran una reducción de esperanza de vida por negligencia médica pueden reclamar indemnización por los ingresos que hubieran generado durante los años de vida de los que fueron privados.
Una niña sufrió en 2015 una lesión cerebral grave al nacer, lo que le provocó parálisis cerebral severa y redujo su esperanza de vida a 29 años. La institución hospitalaria admitió su responsabilidad.
Los tribunales inferiores reconocieron una indemnización por lucro cesante hasta los 29 años, pero denegaron la indemnización respecto de los “años perdidos”, es decir, el período entre su esperanza de vida y la que hubiera tenido de no mediar la lesión. Para ello, se aplicó el precedente Croke v. Wiseman de 1982.
La Corte Suprema recuerda que los daños en responsabilidad civil son de naturaleza compensatoria: su propósito es restituir al demandante a la posición en que habría estado de no haberse producido el ilícito.
La Corte observa que los tribunales evalúan con regularidad la pérdida de ingresos vitalicia en demandas promovidas por personas que sufrieron lesiones en la infancia, y que no existe fundamento principista para excluir de ese análisis los años perdidos.
La Corte señala que en el caso concreto existía evidencia suficiente para proyectar razonablemente la capacidad laboral de la menor: las ocupaciones de la madre y familiares cercanos, el historial de esfuerzo laboral en la familia y el rendimiento académico del hermano.
La Corte determina que la restricción impuesta por Croke v. Wiseman es incompatible con los precedentes vinculantes de la Cámara de los Lores en Pickett v. British Rail Engineering Ltd. (1980) y Gammell v. Wilson (1982), que ya reconocían este tipo de daños para demandantes adultos.
Por ende, la Suprema Corte declara, por mayoría de cuatro votos contra uno, que no existe fundamento principista para negar a un menor la indemnización por los ingresos perdidos durante los años de vida de los que fue privado, y revoca el precedente Croke v. Wiseman. En consecuencia, dispone devolver el caso a la Alta Corte de Inglaterra y Gales para que determine el monto de la indemnización por años perdidos conforme a los criterios fijados en la sentencia.
Una juez disiente, pues considera que existen razones de política jurídica que justifican una distinción: los demandantes no necesitan financiar sus cuidados después de su fallecimiento, y la extensión de la regla generaría cargas adicionales sobre los demandados del sistema de salud.
Coleccionista de Sentencias 