La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de Honduras por las detenciones ilegales y arbitrarias cometidas contra una mujer trans trabajadora sexual, así como por las graves deficiencias en la investigación de su posterior asesinato.
La víctima era una mujer trans que ejercía el trabajo sexual y vivía en condición de pobreza extrema portando el VIH. Entre agosto y septiembre de 2004, fue detenida en tres ocasiones por agentes de la policía de Comayagüela, quienes en una de esas detenciones la golpearon con porras y culatazos, le negaron asistencia médica pese a presentar heridas visibles, e insultos y vejaciones fundadas en su identidad de género y su condición de trabajadora sexual. El 7 de septiembre de 2004, cinco días después de su última detención, su cuerpo fue hallado sin vida en la vía pública con una puñalada en el pecho. La investigación penal que sobrevino nunca esclareciólos hechos.
La Corte observa que las tres detenciones se realizaron con base en la Ley de Policía y Convivencia Social, norma que otorgaba un margen excesivo de discrecionalidad a las autoridades y no definía de forma concreta y previa las causas y condiciones para imponer sanciones contravencionales privativas de la libertad.
La Corte señala que las autoridades no sustentaron su accionar con motivaciones objetivas, sino que actuaron a partir de prejuicios derivados de la identidad de género de la víctima y de su condición de trabajadora sexual, lo que configura detenciones arbitrarias contrarias a la Convención Americana.
La Corte concluye que Honduras vulneró los derechos a la personalidad jurídica, la integridad personal, la libertad personal, la presunción de inocencia, el principio de legalidad, la vida privada, la libertad de expresión, el nombre y la igualdad ante la ley.
Sobre la investigación del asesinato, la Corte verifica que el Estado no identificó adecuadamente a la víctima conforme a su identidad y expresión de género, no documentó la escena del crimen, omitió recabar testimonios relevantes y no exploró hipótesis de investigación vinculadas al contexto de violencia contra mujeres trans ni consideró la identidad de género como posible móvil del crimen.
La Corte estima que estas omisiones, sumadas al incumplimiento del plazo razonable, configuran una falta de debida diligencia reforzada que reproduce prácticas discriminatorias y profundiza la impunidad.
La Corte concluye que el Estado vulneró los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la víctima y de su pareja, quien convivió con ella durante nueve años y es reconocida como víctima por la afectación a su integridad personal derivada de la demora injustificada y la inacción estatal.
La Corte advierte que los hechos se inscriben en un patrón de discriminación estructural contra las mujeres trans en Honduras, agravado por la condición de pobreza extrema y la enfermedad de la víctima, que exigía un trato diferenciado de las autoridades.
Por ende, la Corte Interamericana declara la responsabilidad internacional de Honduras por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, integridad personal, libertad personal, presunción de inocencia, principio de legalidad, vida privada, libertad de expresión, nombre e igualdad ante la ley en perjuicio de la víctima, y de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de su pareja.
En consecuencia, ordena desarchivar el expediente e impulsar la investigación y eventual sanción de los responsables del asesinato; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; adoptar las reformas normativas necesarias para que la Ley de Policía y Convivencia Social defina de forma concreta las causas y condiciones para imponer privaciones de libertad; e implementar un sistema de recolección de datos sobre el avance de los procesos y los índices de impunidad en casos de violencia contra personas LGBTIQ+.
Coleccionista de Sentencias 