La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Chile violó los derechos a la propiedad, las garantías judiciales y la protección judicial de 846 profesores por no ejecutar sentencias firmes que les reconocían beneficios laborales.
En la década de 1980, la gestión de las escuelas públicos pasó del gobierno central a las municipalidades, A partir de 1981, el personal docente que dependía del Ministerio de Educación recibió una asignación especial, que no se extendió a los docentes transferidos a las municipalidades. En 13 procesos distintos, los tribunales chilenos dictaron sentencias en la que reconocieron el pago de dicha asignación, lo cual no se ha cumplido.
La Corte recuerda que el derecho al recurso efectivo y a la protección judicial implica que las autoridades no puedan obstaculizar el sentido y alcance de las decisiones judiciales ni retrasar su ejecución. Este derecho se ha vulnerado por la ausencia de impulso de oficio en la ejecución de sentencias laborales y por la inexistencia de mecanismos para lograr el pago de sentencias firmes contra una municipalidad debido a las reglas presupuestarias.
La Corte enfatiza que las víctimas son personas mayores, que tienen derecho a un trato preferencial en la tramitación, resolución y ejecución de procesos para garantizar su acceso a la justicia.
La Corte aprecia que han transcurrido entre 22 y 27 años sin que las sentencias sean cumplidas, lo que vulnera la garantía del plazo razonable, tanto más si dicha demora no obedece a la complejidad del asunto o a la actividad procesal de los interesados, sino a las reglas presupuestarias y a la regulación del proceso de ejecución.
La Corte agrega que, desde el momento en que se determinó la ejecutoriedad de las sentencias, los montos cuyo pago se ordenó ingresaron al patrimonio de los demandantes, de modo que la falta de pago vulnera su derecho a la propiedad.
Por ende, se declara la vulneración de los derechos a la propiedad, a las garantías judiciales y a la protección judicial y se ordena que el Estado pague directamente las sumas adeudadas en tres tractos anuales, crear un plan de capacitación y sensibilización sobre el acceso a la justicia de personas mayores y pagar indemnizaciones de US$ 5,000.00 a cada víctima, lo que da un total de US$ 4’230,000.00.
Caso Profesores de Chañaral y otras municipalidades vs. Chile
Corte IDH: Chile vulneró derechos de profesores por no ejecutar sentencias que les reconocían beneficios laborales
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Coleccionista de Sentencias 