La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Honduras vulneró los derechos de una comunidad indígena por no garantizar sus derechos de propiedad ni su participación en asuntos que la involucran.
La Comunidad Garífuna de San Juan se ubica en el departamento de Atlántida, a orillas del mar Caribe. Desde el año 1979, Honduras ha reconocido la propiedad de la Comunidad sobre una parte del territorio que reclaman.
Sin embargo, la Corte comprobó que el Estado no ha titulado y demarcado todo el territorio reconocido a favor de la Comunidad, por lo que esta no ha podido hacer uso y goce pleno de este.
Además, la Corte verificó que se ha nivelado parte de la laguna de Los Micos y construido sobre ello, violando la integridad de su territorio, y que las autoridades no respetaron el derecho a la consulta previa, libre e informada de la Comunidad en la ampliación del casco urbano de la ciudad de Tela y la creación de un parque nacional.
La Corte observa que 4 personas fallecieron a manos de las fuerzas policiales o durante procesos judiciales, pero tales hechos fueron sancionados por los tribunales nacionales, o bien, no se cuenta con información que vincule tales muertes con la actuación estatal. No obstante ello, la Corte constató que existe una situación de violencia en la Comunidad, el cual ha sido acentuado por el Estado debido a la falta de delimitación territorial.
La Corte señala también que solo una de las 4 solicitudes de titulación presentadas ante el Instituto Nacional Agropecuario fue atendida y, de hecho, la primera de ellas fue extraviada. La única solicitud atendida solo reconoció 63 de las 1770 hectáreas solicitadas. Todo ello implica que las autoridades hondureñas no brindaron tutela a la Comunidad por sus mecanismos internos, al no responder sus solicitudes.
Por todo ello, la Corte declara que se vulneraron los derechos a la propiedad, participación en asuntos públicos, acceso a información pública, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de la Comunidad Garífuna de San Juan.
Siendo así, la Corte ordena al Estado hondureño conferir títulos de propiedad o, de no poderse, pagar las indemnizaciones correspondientes; resolver los recursos pendientes; crear un fondo de US$ 800,000.00 para proyectos educativos, habitacionales, alimentarios, sanitarios y de infraestructura a favor de la Comunidad y reembolsar gastos por US$ 20,000.00.
Caso de la Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras
Coleccionista de Sentencias 