La Corte Constitucional de Colombia ordenó mantener abierto procedimiento de reubicación de servidora que sufre amenazas de violencia hasta que se logre hallar un puesto igual o equivalente disponible.
Una servidora de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá indica ser víctima de amenazas por parte de grupos paramilitares vinculados al tráfico de tierras, a los cuales se ha enfrentado en el pasado, obteniendo victorias en los tribunales pero con el lamentable resultado de los asesinatos de su padre y su hermano. Ante estas circunstancias, solicitó su traslado a otra localidad.
La Comisión Nacional de Servicio Civil realizó una búsqueda en su base de datos y, al no encontrar ningún puesto igual o equivalente disponible, se rechazó su pedido y se archivó el expediente.
La Corte Constitucional recuerda que la Ley de empleo público, carrera administrativa y gerencia pública colombiana establece que los empleados de carrera administrativa pueden ser reubicados en una sede distinta o en otra entidad por razones de violencia. La Corte agrega que la población desplazada se encuentra en condición de extrema vulnerabilidad, de modo que debe recibir un trato preferente por el Estado.
La Corte reconoce que la Comisión dio el trámite correspondiente a la solicitud y, tras no hallar ningún empleo disponible, motivó adecuadamente la resolución respectiva. Sin embargo, la Corte indica que el no hallar empleos equivalentes disponibles no puede dar lugar al archivo del expediente, obligando a la servidora a retornar al lugar donde recibe amenazas o exponerse a perder su empleo.
Por ende, la Corte concede el amparo solicitado y ordena que el procedimiento continúe abierto y se realicen revisiones periódicas, al menos mensuales, hasta encontrar un puesto disponible que permita la reubicación.
Sentencia T-486-23
Coleccionista de Sentencias 