La Corte Suprema de Canadá confirmó la anulación de una declaración de muerte presunta al determinar que, para tal anulación, es suficiente que la prueba aportada permita concluir, según el estándar de preponderancia, que es más probable que no que la persona siga con vida.
Un ciudadano de origen iraní residía en Quebec con su cónyuge cuando, en febrero de 2008, salió de su domicilio alegando un viaje de negocios a Toronto y no regresó. Sus familiares descubrieron que había acumulado deudas significativas con acreedores vinculados al crimen organizado, que había vaciado cuentas bancarias conjuntas y que había obtenido préstamos falsificando la firma de su cónyuge. En 2016, tras ocho años de ausencia, la cónyuge solicitó ante los tribunales una declaración judicial de muerte presunta conforme al artículo 92 del Código Civil de Quebec. La compañía aseguradora con la que el desaparecido había contratado una póliza de vida se opuso, argumentando que las circunstancias sugerían una huida deliberada. El tribunal de primera instancia otorgó la declaración de muerte presunta. La aseguradora presentó posteriormente una solicitud de anulación acompañada de nuevas pruebas: una cédula de identidad iraní emitida en 2015, dos pasaportes iraníes expedidos tras la desaparición y un registro ante un organismo de bienestar social en Irán en 2018. Los tribunales inferiores ampararon la solicitud y anularon la declaración de muerte presunta.
La Corte precisa que el Código Civil de Quebec no establece una regla especial sobre el nivel de prueba exigido para acreditar el «retorno» de una persona declarada muerta, de modo que rige el principio general del derecho civil quebequense: la prueba de preponderancia, conforme a la cual basta demostrar que algo es más probable que su contrario. La Corte señala que no es necesario probar con certeza que la persona está viva, siendo suficiente la existencia de indicios claros y convincentes que permitan concluir que su supervivencia es más probable que su muerte. La Corte advierte que la presencia física de la persona constituye la prueba más sólida de que sigue con vida, pero no es indispensable: el tribunal puede apoyarse en otros elementos, en especial cuando las circunstancias indican que la desaparición fue voluntaria y que la persona continúa viviendo en otro lugar.
La Corte observa que la solicitud de anulación de la declaración judicial de muerte presunta constituye, en principio, un procedimiento de jurisdicción voluntaria que, por su naturaleza, no exige la participación del declarado muerto. La Corte estima que la falta de notificación a la persona declarada muerta no acarrea la nulidad del procedimiento cuando ningún argumento que ella hubiera podido esgrimir habría modificado el resultado, como ocurre en el presente caso. La Corte concluye que las pruebas aportadas, que acreditan actividad registral y documental del desaparecido en Irán con posterioridad a la declaración de muerte, satisfacen el estándar de preponderancia y sustentan la anulación de dicha declaración.
Por ende, la Corte Suprema de Canadá desestima el recurso y confirma la anulación de la declaración judicial de muerte presunta, estableciendo que el estándar aplicable para acreditar el retorno de una persona declarada muerta es el de prueba de preponderancia, sin que se requiera certeza absoluta ni presencia física de la persona, siempre que los indicios disponibles permitan concluir que su supervivencia es más probable que no.
Coleccionista de Sentencias 